referido a permitir continuar prestando servicios a Balnearios ya caducados. El argumento oficialista estuvo a cargo del concejal fernando Acebal, quien señaló la necesidad de otorgar los permisos por no haber tiempo para demoler las construcciones, el riesgo de dejar edificios abandonados y la no intención de poner cuidadores en los mismos.
Critica radical al proyecto:
Desde el bloque radical se criticó la decisión, argumentando que formaba parte de un negociado que beneficiaba a unos pocos amigos. Los radicales cuestionaron además la redacción del proyecto impuesto por el Frente para la Victoria, que no solo les permitiría pagar un canon por temporada de menos de dos mil pesos en algunos casos, sino que permitiría “reconvertir” algunos edificios de balnearios. “Es una importante marcha atrás con el plan de mejorar la playa” argumentaron.
Los espacios de playa otorgados ya fueron objeto de una licitación pública que en algunos casos – como la oferta del Sindicato SOMU – rondó los ochenta mil pesos, coifra muy superior a lo que la Administración Erneta planea cobrar con su iniciativa. Este aspecto también fue criticado por los radicales “ya que los concesionarios de playa que ganaron las licitaciones se encuentran con que otros trabajaran sus lugares, y esto puede dar lugar a reclamos judiciales”, señaló el presidente de la bancada fernando Esteban.
Otro de los puntos endebles de la iniciativa fue la presentación en si misma. El expediente solo constaba de una solicitud hecha por el secretario de Planeamiento Luis Castellani, y un informe de Asesoría Legal del Municipio que solo se limitó a enunciar las fechas de vencimiento de las concesiones en disputa, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. “Tenemos una asesoría legal solo para que nos informe los vencimientos?.. que hay de la responsabilidad del municipio para los futuros concesionarios?..que dice el Tribunal de Cuentas al respecto?..”, se preguntó en la sesión el edil radical Amadeo Montenegro.
Se puso las botas:
Por último, la presidenta del Bloque Oficialista Mabel Llompardt propuso el cierre del debate, cuestión que también fue duramente criticada por la oposición, y entendida como una censura “no admisible en tiempos democráticos”.
Finalmente la mayoría oficialista hizo uso del voto doble del presidente del Concejo para sancionar la iniciativa, con la oposición del Radicalismo y el bloque Compromiso Ciudadano.