Estoy en contra de Mandalay!

A favor de los que reclaman y protestan, de los que impiden el avance de las topadoras en la playa, y en contra de los hipócritas que hasta ayer parecían cruzados por el medio ambiente y hoy, escondidos detrás de un escritorio, de una secretaría o de una dirección, tratan de justificar con discursos ridículos, un negocio inmobiliario que beneficia a pocos y perjudica al resto. O sea a muchos.

Son muchas las voces que se han levantado a favor y en contra de Mandalay. Más de las últimas que de las primeras, siendo éstas alzadas por los voceros y amanuenses oficiales. Pero en medio de las discusiones y de los análisis, pocos han notado que la ausencia de la autoridad municipal –con todo lo que implica- es absoluta. Y no me refiero al ocultamiento del expediente, o si los planos están aprobados o no, o si falta algún trámite en oficinas de La Plata; apunto al alambrado perimetral con el que la empresa responsable del desarrollo pretende proteger y defender –no se realmente de quién dado que los que atacan el medio ambiente son ellos- ¿su predio?.

Los signos de interrogación no son casuales. Ese alambrado ignominioso que se ha erigido en contra de lo que determinan las normas vigentes, pues avanza sobre la playa pública 30 ó 40 metros desde la línea municipal. O sea que, buena parte del lote fortificado es espacio público. Nos pertenece a todos y lo debe administrar y resguardar la Municipalidad de Villa Gesell, y no un particular.

Es por este motivo únicamente que la fuerza policial no puede desalojar a los vecinos que impiden el paso de las topadoras: no están invadiendo propiedad privada. Todo lo contario. La empresa desarrollista es la que está cometiendo un abuso flagrante y llevándose por delante varias ordenanzas que protegen el espacio público.

La autoridad municipal no defiende el espacio público Ante una situación como la planteada, el Estado Municipal, tiene la obligación ineludible e indelegable de hacer respetar las ordenanzas pertinentes, obligando a los infractores –que no son los vecinos, precisamente- a colocar el alambrado perimetral donde corresponde. Para llevar adelante esta tarea, el Doctor Intendente puede recurrir a la fuerza pública –la Policía Bonaerense, en este caso- que es la auxiliar que le brinda la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

A contramano de la legislación vigente y demostrando que importa más el negocio que su obligación como administrador de los bienes que le fueron confiados, el Doctor Intendente pretende utilizar a la fuerza policial para desalojar a los vecinos que están cumpliendo la tarea que a él le corresponde.

Menos mal que, criteriosamente, los uniformados no se avinieron a los deseos de los inquilinos del segundo piso de la municipalidad, sino hoy estaría escribiendo sobre un enfrentamiento entre vecinos y policías.

A esta altura de la nota vale que aclare que, las fuentes consultadas a nivel distrital, coincidieron en señalar que, en todo momento la orden era la “de intervenir en el conflicto de manera preventiva, tratando de disuadir a los vecinos para que no avanzaran sobre el terreno privado” Ahora bien, la pregunta que me hago –cuya respuesta tiene más sospechas que otra cosa- es ¿Por qué la Municipalidad actúa en este y otros temas de manera tan poco transparente y no hace cumplir las ordenanzas vigentes?

Me imagino que, obligando a la empresa responsable del proyecto Mandalay a retirar el alambrado a su límite natural, lograría descomprimir un poco el conflicto.

Más acá o más allá de la poca cintura política evidenciada por el Doctor Intendente y su Secretario de Gobierno en este tema, ¿les interesa realmente descomprimir el conflicto?, o apuesta al agotamiento de la protesta que lleva, al momento de escribir esta nota, 15 días.

Demasiados frentes de batalla para un gobierno municipal que registra una imagen negativa del 85%, aproximadamente.

Guillermo Burnet

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