Ambiente y desarrollo: la puja de intereses y la tutela juridica

Paganini tiene 28 años, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Es fundador del Centro de Atención Jurídica y diseño legal estratégico de la Casa Usina de Barracas Villa 21-24 y del Espacio Jurídico de la CTA Capital, participa activamente en Organismos de Derechos Humanos y es Abogado Ad Honorem de victimas de Gatillo fácil y causas armadas.

Desde el 2008 se desempeño como Abogado asesor del Programa Verdad y Justicia, cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia abocado al diseño y articulación de diferentes medidas relacionadas con testigos, querellante y victimas de causas por delitos de Lesa Humanidad. Hoy practica la profesión de manera independiente.

SiG - A la luz de la tutela constitucional de los derechos del ambiente, crees que hay una efectiva tutela en estrados judiciales?

IP -Sin duda que si, indudablemente la justicia se ve en una función compleja por cuanto, la mayoría de las veces, actúa sobre el hecho consumado. Sin embargo ha habido una gran evolución en cuanto a la tutela de los derechos ambientales por parte de la justicia. Cabe remitirse a la suspensión de la obra llamada Mandalay o a la suspensión de la construcción en el Vivero en Miramar, o recientemente la suspensión del Proyecto Colony Park en el Tigre que si bien hubo un proceso de audiencias públicas, la obra estaba detenida por manda judicial. Hay un sinnúmero de ejemplos en donde los estrados judiciales garantizan los derechos ambientales suspendiendo obras u obligando a empresas o al mismo poder ejecutivo a hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Por tanto la pregunta que en realidad debemos hacernos es donde debería comenzar dicha tutela. No es acaso el Concejo Deliberante (en caso de Villa Gesell) el encargado de atender que las ordenanzas no vulneren derechos ambientales? O acaso no es el poder ejecutivo que en sus procesos de otorgamiento de permisos de obra; o de licitaciones; o de creación de pliegos de bases y condiciones; o de control de ejecución de obras no debería cotejar que no se vulneren tales extremos?. Por supuesto, que una vez vencidas esas barreras no tenemos más alternativas que solicitar a la justicia que ponga blanco sobre negro la vulneración de derechos, pero en esa instancia estaremos ante una conducta reactiva y no proactiva y ahí es donde comienza el inconveniente. Porque estamos poniendo el carro delante del caballo. Es decir, estamos poniendo a la comunidad como policía de las acciones del ejecutivo o del legislativo debiendo recurrir a estrados judiciales para que revean decisiones que en la mayoría de los casos ya han sido ejecutadas.

SiG - Cuáles son los principales inconvenientes: la falta de denuncias?, la falta de compromiso comunitario, o la falta de conocimiento en funcionarios?

IP -La falta de denuncias o la falta de compromiso comunitario son elemento vitales en este tipo de situaciones, ahora bien, tales anemias no pueden ser imputables simplemente a la comunidad dado que por un lado tal situación es la consecuencia de la inexistente información pública ambiental, lo que lleva a que la población no conozca sus derechos en cuanto a la posibilidad de efectuar denuncias. Por otra parte la falta de atención a los reclamos provoca una desilusión general que concluye en desgano al momento de generar algún reclamo y por ende a soportar lo que en otro momento se hubiera resistido. No obstante ver en ello un inconveniente para el avance de la tutela de derechos ambientales es una conclusión injusta, puesto que decir que la destrucción del medio ambiente se debe, en parte, a la falta de denuncias o de compromiso comunitario seria inculpar a quienes en definitiva son víctimas de la mala gestión del estado. Esta es otra gran deuda de la política local. Es llamativo como en una localidad relativamente chica el estado se ha alejado cada vez más de la población.

En particular tampoco creo que sea un tema de desconocimiento de los funcionarios. A mi modo de ver la destrucción del medio ambiente, o mejor dicho, la permisión de proyectos que impliquen tal destrucción se debe a un problema de agenda. En la medida que la protección ambiental no esté dentro de la agenda de la política no será un eje que sopese sobre otros más beneficiosos en términos políticos o personales.

Y esto no es exclusivo de Villa Gesell. Te doy un ejemplo clave: Yo participo, a través del espacio Jurídico de la CTA capital, en la experiencia de la relocalización de algunos vecinos que viven en el llamado Camino de Sirga del Riachuelo y deben mudarse por el saneamiento de la cuenca. En este proceso participa una mesa de urbanización que integra a los vecinos al proceso con la premisa de que ellos son parte del proceso y no son un objeto para que las autoridades muevan de un lado a otro sin ningún tipo de participación. Ahora, ambientalmente hablando, ningún funcionario estaba ajeno a la afectación ambiental del riachuelo, no obstante hasta que la Corte Suprema no ordeno el saneamiento, tal hecho no estaba en agenda y por tanto a nadie se le ocurría preocuparse por la vida de más de cincuenta mil pibes que conviven allí con todas las implicancias de salud que ello implica.

Exactamente la misma situación sucede en Villa Gesell, no hay problemas de desconocimiento. Sino que no está agenda. Hasta que no se genero un hecho lo suficientemente grave para despertar a la población, el tema no estaba en agenda. Y creo que ese ha sido el primer gran merito, no solo de la asamblea, sino también de muchas otras personas que participan de todo esto sin necesariamente ser activos de la asamblea, el primer gran merito ha sido tener la capacidad de instalar que la playa vale, que los médanos valen, y los recursos naturales de Villa Gesell valen porque son parte vital de la Ciudad y por tanto la política geselina también debe estar atenta a ello. Como consecuencia de ello vimos, en las últimas elecciones, algunas plataformas que por primera vez contenían dentro de los ejes de la discusión política el eje ambiental y esto es colofón de lo que vengo diciendo.

Ahora bien, esta situación no es reciente, la desatención a los recursos naturales o a la afectación de los proyectos es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En diciembre del 2003 y Enero del 2004 el mar se llevo puestos unos cuantos balnearios y dicha situación se repitió más de una vez. La conclusión fue la 2050. Ahora, no había técnicos que nos estaban prendiendo la alarma? Acaso no había otras localidades con el mismo inconveniente? Pero sucedió lo mismo, entro en la agenda de Gobierno con la emergencia, recién cuando el mar termino con el histórico Cocoplum la gestión de gobierno y los concejales advirtieron que debían hacer algo al respecto. Por su parte, Chacras del Mar fue construida durante la gestión del Intendente Baldo y si mal no recuerdo el Proyecto Altamar también es una herencia de aquella gestión.

continuara...

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