Desde Juntos criticaron la medida, apuntando a que “cuando todo se pone en emergencia, no hay priorizaciones”, a cuestiones reglamentarias como la redacción de ordenanza en el decreto, y al valor práctico de la emergencia, que se reduce según la ley Orgánica a compras y contrataciones, evadiendo licitaciones.
Otro cuestionamiento a la emergencia ampliada es el nivel de aumentos de tasas: desde diciembre hasta marzo Barrera aumentó un 86% las tasas Municipales, y ese aumento no tuvo su correlato en el principal gasto, que es en personal, ya que en el mismo periodo el sueldo básico de los municipales solo aumentó un 34%. La inflación en lo que va del año acumula un 34%.
“Cada vez que Barrera puso en emergencia un servicio, fue para no mejorarlo”, apuntó el edil Amadeo Montenegro (UCR-Juntos), quien recordó que se mantiene en emergencia el servicio de transporte desde el año 2018, y la recolección de residuos desde el año pasado. En ambos casos, la medida solo posibilitó contrataciones directas.
Desde Juntos apuntan a la falta de fundamento de la medida propuesta: en el expediente no hubo un solo informe de la evolución de la cobrabilidad, no hubo informe de coparticipación ni tampoco medidas propuestas para aliviar el gasto público.
Como contracara, el barrerismo abrió más que nunca la billetera: sumo para este 2024 una nueva secretaria (Legal y Técnica, a cargo del abogado Martinó), y confirmó una licitación que duplica los valores que se le pagan a Santa Elena, de acuerdo a la anterior licitación. Barrera confirmó la renovación de la licitación original del año 2016 mediante convenio 239-2023, pero además incorporó por fuera de lo licitado el servicio de grandes volúmenes, que convalidó mediante convenio 240-2023, lo que duplica el costo. Ahora, en el nuevo pliego, aparecen unificados ambas erogaciones.
“El Ejecutivo nos dijo que no iban a tener problemas, y ahora, después de votado el pliego, salen con la emergencia”, reclamó Montenegro. En el fragor de la discusión, la edil Eugenia Grinspun dejo una frase que no escapa al análisis de lo votado: “el Kirchnerismo no sabe gobernar sin plata”, apuntó.
En medio de la emergencia amplia, se filtró la emergencia en Transporte con una sutil diferencia: se eliminó la cláusula que interrumpía la emergencia si resulta del proceso licitatorio una empresa adjudicataria, algo que desde Juntos calificaron como “un golpe de gracia a una expectativa de hacer atractiva para otras empresas la licitación del servicio de transporte”. La nueva concesionaria deberá hacerse cargo en abril de 2025.
Cabe destacar que hasta el 21 de noviembre del año pasado el boleto del transporte local estuvo en 280 pesos, y con este aumento totaliza un 500% en cinco meses, un ritmo de autorización de subas dadas por el oficialismo muy superior a la evolución de la inflación en el mismo periodo, que fue del 70%. La empresa obtuvo en el camino un sustantivo aumento del subsidio local, que ya supera los cinco millones de pesos mensuales.
El voto
Votaron por el cierre del debate y la sanción de la emergencia (expediente D-15281/24) los concejales Myrian Oillataguerre, Sofia Tineo, Martin Arguiñarena, Gabriela Carignano, Jorge Mauro, Mónica Ruiz, Carlos Cuellar y Paula Palacios. Votaron en contra Eugenia Grinspun, Amadeo Montenegro, Adrián Green, Emiliano Peluffo, Mónica Rodera, Ana Martínez y Luis Vivas.
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